La ONU ha reprobado las leyes de concordia propuestas por el PP y Vox en Aragón, Castilla y León, así como en la Comunitat Valenciana. En un dictamen firmado por tres relatores, se alerta de que estas normativas no abordan adecuadamente las violaciones de derechos humanos durante el franquismo, llegando incluso a invisibilizarlas. Se censura que estas leyes no mencionen ni condenen la dictadura ni su responsabilidad en los crímenes cometidos. Respecto a la ley de la Comunitat Valenciana, se considera que distorsiona la memoria al ampliar su alcance a las víctimas del terrorismo etarra e islámico.
Ni memoria, ni concordia. Sino más bien, todo lo contrario. El informe de la ONU fue publicado poco antes de que comenzara la Comisión de Justicia en les Corts, donde se discute la Ley de la Concordia. El portavoz del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, reafirmó el apoyo a la ley, argumentando que busca reconocer a un mayor número de víctimas.
Por su parte, el portavoz de Vox, José María Llanos, criticó el dictamen de la ONU, argumentando que vulnera la soberanía de los países y que debería respetar esa democracia que el partido de Ultraderecha, obviamente, respeta sólo cuando quiere.
Sin embargo, la oposición en la Comunitat Valenciana considera que este informe deja en evidencia a la región. El PSPV-PSOE acusó al gobierno de liderar un «día de la infamia», mientras que la portavoz de Memoria Democrática del partido, Mercedes Caballero, lamentó que la ONU tuviera que intervenir para defender los derechos humanos en la Comunitat Valenciana. Caballero señaló que la Ley de Concordia olvida los derechos de las víctimas y las elimina del proceso de memoria democrática.
Joan Baldoví, de Compromís, también expresó su preocupación por el impacto de la ley, señalando que podría invisibilizar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista y contradecir la legislación internacional. En tan solo unos meses, afirmó Baldoví, el PP y Vox han logrado que la Comunitat Valenciana sea objeto de una «vergüenza internacional».
Aún queda sin registrar (o en paradero desconocido) casi un 30% de las víctimas de la represión militar/franquista. No todos los asesinados son «desaparecidos», como se suele repetir. Y, obviamente, no todas las víctimas son iguales.
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